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Notas de prensa

El Gobierno gallego advierte de una posible reducción de más de 725 millones de euros en la Tesorería por la falta de presupuestos generales del Estado

El Gobierno gallego advierte de una posible reducción de más de 725 millones de euros en la Tesorería por la falta de presupuestos generales del Estado

 

  • El Gobierno central tiene que actualizar cuanto antes las entregas a cuenta ya que las CC.AA. están recibiendo los mismos importes que en el año 2023 y no las comunicadas por el propio Ministerio de Facenda en diciembre pasado
  • Este retraso podría repercutir en los servicios públicos fundamentales que prestan las Comunidades Autónomas
  • También afectará a las retribuciones del personal empleado público incumpliendo los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales

 

El Gobierno gallego advierte de una posible reducción de más de 725 millones de euros en la Tesorería por la falta de Presupuestos Generales del Estado, lo que supone un importe mensual aproximado de 60,5 M€.

Así se desprende de un informe presentado hoy en el Consello de la Xunta por el conselleiro de Facenda e Administración Pública en funciones, Miguel Corgos, en el que se da cuenta del impacto de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2024.

La renuncia del Gobierno central a presentar unos presupuestos para 2024, después de semanas sosteniendo que los PXE eran una prioridad para el ejecutivo, ligada a la convocatoria electoral en Cataluña, coloca a las Comunidades Autónomas en una situación de incertidumbre, falta de estabilidad y merma de recursos que podría repercutir en los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o la dependencia que prestan las Comunidades Autónomas.

Es por eso, que el Ejecutivo central debe actualizar lo antes posible las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, ya que en este momento las CC.AA. están recibiendo los mismos importes que en el año 2023 y no los comunicados por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de diciembre durante la celebración del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Esta actualización tiene que realizarse teniendo en cuenta la nueva previsión de ingresos de las entregas a cuenta y de las liquidaciones comunicadas en el último CPFF, que al mismo tiempo debería corregirse para incluir el impacto de las medidas prorrogadas por el Gobierno para luchar contra la crisis de precios.

Principales repercusiones de la prórroga
Según se desprende del informe, la prórroga anunciada por el Gobierno central podría afectar a áreas relacionadas con la sanidad, la dependencia, el pago a proveedores o mismo a las retribuciones del personal empleado público, entre otras.

Además, también afectará a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las Administraciones territoriales en el año en que las reglas fiscales se recuperan al tiempo que se generará un superávit para la Administración central ya que se beneficia del incremento en la recaudación tributaria previsto para este año 2024 y que no se distribuye entre las comunidades y las corporaciones locales mientras no se actualizan las entregas a cuenta.

En cuanto a las retribuciones de los empleados públicos, la incapacidad del Ejecutivo central de impulsar los presupuestos generales congela las retribuciones de los trabajadores y trabajadoras al servicio del sector público y en contra de los propios acuerdos que el Gobierno firmó con las organizaciones sindicales en un contexto de alta inflación.


Estos acuerdos fijaban para el año 2024 un incremento retributivo fijo del 2% sobre las retribuciones vigentes a diciembre de 2023 que debe ser habilitado por la normativa básica del Estado para que se pueda incluir en las nóminas de los empleados públicos de la comunidad gallega. Con esta situación, el personal empleado público verá incrementada su nómina con un retraso de cinco o seis meses.

Estos efectos negativos de la prórroga de los PXE podrían extenderse además a los proveedores del sector privado que podrían verse afectados por la falta o retraso en los pagos por parte de las administraciones que no pueden contar con los recursos de estar en una situación de ciclo presupuestario normal