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La EGAP reflexiona sobre las responsabilidades de las autoridades y empleados públicos y las medidas para favorecer la confianza en la rendición de cuentas

La EGAP reflexiona sobre las responsabilidades de las autoridades y empleados públicos y las medidas para favorecer la confianza en la rendición de cuentas

  • A Escola Galega de Administración Pública acogió, hoy, la conferencia Responsabilidades de autoridades y empleados públicos, impartida por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega
  • La directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, presentó la sesión y destacó la importancia de la formación, “ya que esta posibilita que el personal empleado público aplique las diferentes normativas con rigurosidad”
  • El catedrático Ricardo Rivero señaló que “en España no hay cultura de la responsabilidad política” y apuntó que una correcta aplicación de las reglas probatorias favorecería la seguridad jurídica y la confianza en la rendición de cuentas

Santiago de Compostela, 13 de diciembre de 2024.- La Escola Galega de Administración Pública (EGAP) acogió esta mañana la conferencia Responsabilidades de autoridades y empleados públicos, a cargo del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega. Esta actividad formativa see enmarca en el ciclo de conferencias Presente y futuro del empleo público en la Administración posCOVID, organizado por la Escola. 

La directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, presentó la conferencia e incidió sobre la importancia de la formación, ya que esta posibilita que el personal empleado público cuente con la capacitación necesaria para aplicar las diferentes normativas con rigurosidad.

Durante su intervención, el catedrático Ricardo Rivero Ortega analizó los cuatro tipos de responsabilidad personal de carácter subjetivo de las autoridades y empleados públicos: administrativa, contable, disciplinaria y penitenciaria, y como probar la concurrencia o no del dolo o negligencia grave. También profundizó en las sentencias más recientes del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, con especial énfasis en las que interpretan conductas de tipo penitenciaria como la prevaricación o la malversación de los cargos públicos.

El profesor apuntó que todas las responsabilidades personales de los servidores públicos deberían reformularse en clave de prevención de la arbitrariedad y coordinarse para lograr el objetivo de la prevención de las conductas. “En España, no hay cultura de la responsabilidad política ni autocontrol por parte de los partidos políticos. Ser autoridad hoy en día en la Administración es un deporte de riesgo con un gran grado de inconsciencia”, apuntó. 

Ante el panorama de inseguridad jurídica, regulación dispersa y descoordinada de responsabilidades múltiples y falta de efectividad de las medidas de control de autoridades y funcionarios, el catedrático palentino propuso establecer un código básico de responsabilidades personales, aplicar medidas preventivas claras (formación, reclutamiento serio de los empleados públicos, etc.) y, especialmente, aprovechar la trazabilidad del expediente electrónico para identificar responsabilidades y responsables y comprender el alcance de las conductas.

“Contra la manipulación política de los procesos y también frente a impunidad, una correcta aplicación de las reglas probatorias favorecería la seguridad jurídica y la confianza en la rendición de cuentas”, señaló Ricardo Rivero. 

El profesor de la Universidad de Salamanca explicó además las técnicas de prevención de los errores que pueden dar lugar a responsabilidades y los mecanismos procedimentales de prueba de la legalidad o ilegalidad de las decisiones. “Estos conocimientos son necesarios para evitar situaciones de parálisis institucional, traslado de responsabilidades o miedo a la firma, así como para promover la buena administración en todos los niveles de gobierno”.

Objetivo
El objetivo de esta conferencia fue analizar las distintas clases de responsabilidades en las que pueden incurrir las autoridades y empleados públicos, además de dotarlos de los conocimientos y capacidades para prevenir infracciones. 

La complejidad de los tipos penitenciarios, las sanciones disciplinarias, administrativas o las de tipo contable se expusieron durante la sesión para ayudar a diferenciar cuándo y cómo se actúa correctamente y qué conductas comportan riesgos.